En un giro inesperado de los acontecimientos, el equipo de abogados del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro ha manifestado su asombro este jueves ante la reciente acusación formal de la Policía Federal, que involucra tanto a Bolsonaro como a su hijo Eduardo, en un intento por interferir en una investigación que los vincula a un golpe de Estado.

En un comunicado emitido por la defensa, se afirma que los aspectos mencionados en la resolución judicial serán debidamente aclarados dentro del tiempo estipulado por el juez asignado al caso, asegurando desde el inicio que no se ha infringido ninguna medida cautelar previamente establecida. Esta declaración fue reportada por Agencia Brasil.

El juez Alexandre de Moraes, quien lleva el caso en el Tribunal Supremo, otorgó a la defensa un plazo de 48 horas para que respondiera a las preocupaciones planteadas sobre un posible “riesgo de fuga” y la supuesta violación de diversas medidas cautelares, además de una reiteración de acciones calificados como ilegales.

La determinación de De Moraes se produjo tras la finalización de las investigaciones por parte de la Policía Federal, las cuales indagaron en los esfuerzos de Eduardo Bolsonaro para instigar en Washington represalias contra el Gobierno brasileño y el sistema judicial, mediante la intervención financiera que alcanzaría hasta dos millones de reales (aproximadamente 300,000 euros) para obstaculizar la investigación del golpe de Estado.

Adicionalmente, las autoridades revelaron que el ex presidente Bolsonaro consideró la posibilidad de solicitar asilo político en Argentina, cuyo nuevo presidente, Javier Milei, es conocido por su postura ultraderechista. Este planteamiento surgió después de que se encontrara un documento en su dispositivo móvil en el que alegaba ser objeto de una “persecución en su país de origen por razones y delitos principalmente políticos”.