Amplía también su recurso contra el secretario de Estado de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

MADRID, 15 de noviembre.

El abogado valenciano que anteriormente había interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo (TS), denunciando lo que describe como una "clara inacción" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la "catástrofe" provocada por la DANA, ha decidido ampliar su escrito. En esta nueva etapa, extiende su denuncia a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, además del Consejo de Ministros.

En la ampliación de su escrito, según indica Europa Press, el letrado Curro Nicolau hace un llamado al alto tribunal para incluir en su recurso contencioso-administrativo a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y, en particular, a su presidente, Miguel Polo, así como al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Según el abogado, "es evidente que todos ellos tenían competencias que se solapaban en la gestión de la crisis hídrica, tanto antes como después". En este contexto, enfatiza la "absoluta descoordinación" que se ha manifestado con los órganos de la Generalitat Valenciana, lo que ha llevado a la imposibilidad de determinar quién debía asumir la responsabilidad en la emisión de alertas a la población. Esto, según Nicolau, también debe ser considerado en el marco del juicio correspondiente.

Además, dirige sus acusaciones hacia el Consejo de Ministros, resaltando que este no fue convocado por el presidente del Gobierno, ni en los momentos previos ni en los posteriores al desastre, lo que refleja una "inactividad" que, a su juicio, es inaceptable al no haberse declarado el estado de alarma ni la emergencia nacional.

El abogado solicita que su recurso sea considerado en relación con las mencionadas personas y órganos, enfatizando que su actuación administrativa frente a la crisis fue insuficiente, lo cual resultó en una falta de advertencia y en una respuesta tardía que agravó la tragedia, que ya cuenta con centenares de fallecidos y daños materiales incalculables.

Esta acción de Nicolau ante el Tribunal Supremo se produce después de que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo hubiese requerido al propio abogado, al Abogado del Estado y a la Fiscalía una evaluación sobre la posible inadmisión del recurso antes de continuar con su tramitación.

En su primer escrito, Nicolau argumentó que tanto Sánchez como Grande-Marlaska optaron por no movilizar a las Fuerzas Armadas "hasta más de 72 horas después de que se iniciara la inundación el 29 de octubre".

El letrado subrayó que esta decisión generó un "claro perjuicio" tanto para él como para decenas de miles de ciudadanos en la Comunidad Valenciana y otras regiones, como Castilla-La Mancha.

Con preocupación, Nicolau lamentó que el Gobierno solo enviara 500 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para abordar una crisis que afectó a más de 40 municipios, dejó a más de 150,000 personas sin los servicios mínimos necesarios para sobrevivir, causó más de un millar de desaparecidos y se cobró la vida de más de 200 personas como consecuencia de esta tragedia natural.