MADRID, 24 de noviembre.

El abogado Carlos Perales Rey ha decidido, a través de un burofax, desvincularse de su representación de la organización Manos Limpias en el caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según el letrado, el asunto, que en un principio tenía un carácter estrictamente técnico, se ha transformado en una cuestión que va más allá del ámbito jurídico y se ha adentrado en el terreno de la política y los medios de comunicación.

En un comunicado hecho llegar por el despacho Preico Jurídicos S.L. y al que tuvo acceso Europa Press, Perales argumenta que las decisiones en el caso han dejado de basarse en la lógica y coherencia jurídica, para sucumbir a consideraciones políticas y de percepción pública.

Perales ha presentado su renuncia al Juzgado de Instrucción número 41, informando que, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se desvincula de la defensa de Gómez en este litigio.

El origen de esta causa se remonta a abril de 2024, cuando Manos Limpias presentó una denuncia en la que acusaba a Begoña Gómez de utilizar su posición como cónyuge del presidente del Gobierno para favorecer a ciertos empresarios, entre ellos el investigado Juan Carlos Barrabés.

En su renuncia, el abogado puntualiza que la decisión ha sido meditada y se debe a circunstancias que imposibilitan mantener una defensa técnica efectiva, alineada con los estándares de calidad y rigor jurídico que han guiado su ejercicio profesional.

Perales señala que lo que comenzó como un encargo jurídico ha mutado en una situación que excede los confines legales y se ha convertido en un asunto polémico en el ámbito político y mediático. Este cambio, a su juicio, es legítimo desde el punto de vista de la asociación, pero resulta incompatible con la práctica profesional de la abogacía.

El abogado advierte que usar el proceso judicial como herramienta para fines políticos compromete la independencia del abogado y erosiona la confianza en su labor técnica. Recuerda que la abogacía no debe confundirse con el activismo político o la comunicación pública, ya que los abogados deben actuar como operadores jurídicos y no como activistas o voceros.

Perales enfatiza que continuar en este caso, donde la estrategia se centra más en la atención mediática que en la eficacia legal, significaría infringir los principios rectores de su ejercicio profesional, diluyendo la separación esencial entre defensa técnica y la politización del proceso.

Por esta razón, concluye que la dirección actual del caso es incompatible con los valores que definen su práctica y la de su despacho. Su renuncia, agrega, no debe interpretarse como un rechazo a los objetivos legítimos de Hazte Oír, sino como una decisión profesional que responde a la incompatibilidad entre la dirección del asunto y la filosofía jurídica que guía su actuación.