Abogacía Española advierte sobre deterioro en la tutela judicial efectiva y la necesidad de regular las costas procesales

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha alertado de que la calidad de vida profesional de los abogados en España se ha visto gravemente afectada tras las recientes reformas judiciales, señalando que la incertidumbre en las costas procesales y los cambios estructurales en los procedimientos dificultan su labor. La institución pide establecer criterios claros para la regulación de las costas y garantizar la sostenibilidad del sistema judicial.

Las reformas en los tribunales de instancia y la introducción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y los medios adecuados de solución de controversias (MASC), han contribuido a un escenario en el que la labor de los abogados se ve más compleja, con mayores exigencias en formación y adaptación tecnológica. La falta de datos precisos sobre el impacto de estos mecanismos complica una valoración exhaustiva de sus beneficios o perjuicios.

Desde la perspectiva política, estas declaraciones llegan en un momento en que el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial enfrentan presiones para modernizar y hacer más eficiente el sistema judicial, con debates abiertos sobre la digitalización y la gestión de recursos. Sin embargo, la falta de criterios homogéneos sobre las costas procesales refleja problemas estructurales que afectan al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que en la práctica se ve deteriorado por la inseguridad en los costes.

El conflicto también tiene implicaciones en la política social y económica, ya que la insuficiente regulación de las costas y la precarización de los abogados del turno de oficio ponen en riesgo el acceso a la justicia para los colectivos más vulnerables. La Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, que regula las costas, no ha sido actualizada en años, lo que genera un vacío legal que el sector pide resolver con carácter urgente.

En el contexto más amplio, estas reclamaciones evidencian una tensión creciente entre la necesidad de modernización del sistema judicial y el respeto por los derechos fundamentales, en un escenario donde la política y la administración de justicia deben equilibrar eficiencia y garantías constitucionales. La negociación con las diferentes instituciones y actores del sector será clave para avanzar en una normativa que asegure transparencia y protección del derecho a la defensa.

El conjunto de estas cuestiones refleja una problemática que trasciende el ámbito jurídico, poniendo en entredicho la confianza ciudadana en un sistema que, en su actual estado, corre el riesgo de profundizar desigualdades y erosionar principios básicos del Estado de Derecho en España.