Ábalos solicita a Transportes validar los documentos que utilizaba para refutar la teoría de la UCO sobre el origen del dinero.
MADRID, 29 de octubre.
La defensa de José Luis Ábalos, quien fue ministro de Transportes, ha solicitado al Tribunal Supremo que demande a dicho ministerio que confirme la cantidad de "folios" entregados a su secretaría durante el periodo de 2018 a 2021. Esta petición busca demostrar que la palabra "folios" no tiene un trasfondo que sugiera un lenguaje oculto relacionado con transacciones monetarias, algo que fue insinuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Este hecho se revela en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, donde se pide al juez Leopoldo Puente que autorice una serie de diligencias dentro de la investigación que se le sigue al exministro por su posible implicación en un escándalo relacionado con el cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública y suministro de mascarillas.
La defensa argumenta que las acusaciones formuladas por los agentes de la Guardia Civil carecen de base sólida. En el escrito destaca que en la residencia oficial de Ábalos existía un despacho bien equipado con ordenador e impresora, y que el exministro tenía la práctica habitual de imprimir documentos y archivos.
Además, se menciona que este material de oficina era adquirido a través de su secretaría, generando un registro administrativo claro. El texto revela que los folios eran trasladados a su residencia por conductores, escoltas o el propio Koldo García, quien fue su asesor.
Prosiguiendo en esta línea de defensa, se subraya que la costumbre de imprimir documentos continúa en su actual labor como diputado del Grupo Mixto. La defensa sugiere que se pueden solicitar datos a los departamentos de suministros de oficina para verificar el uso de folios, haciendo hincapié en que cualquier persona que haya visitado su despacho podría atestiguar la presencia de un considerable archivo de documentos impresos.
Asimismo, Ábalos ha solicitado al tribunal que requiera al Ministerio de Transportes que proporcione todos los certificados de entrada, salida y control de las mascarillas, además de confirmar cuántas mascarillas quedaron en el Ministerio tras la distribución realizada por Correos y si se permitió el acceso a dichas instalaciones a personas ajenas al ministerio.
Específicamente, Ábalos pide al Servicio de Régimen Interior del Ministerio que le envíe estos certificados, así como se debe citar a dos testigos: un subteniente de la Guardia Civil encargado de la seguridad externa, pero que no trabaja en el ministerio, y un conductor asignado al área.
El abogado Carlos Bautista señala que la investigación en el Supremo se centra en dos aspectos: la adjudicación del contrato de suministro de material sanitario a Soluciones de Gestión y la efectiva entrega de dicho material, así como las supuestas irregularidades en el proceso de distribución que se le atribuyen.
Según el abogado, ante las conclusiones de la auditoría del Ministerio de Transportes, que presenta defectos significativos y no debiera considerarse una opinión definitiva, solicitan la presentación de pruebas que demuestren la integridad del Ministerio en la distribución del material sanitario.
Bautista defiende que si existieron irregularidades, estas no tendrían que ver con la gestión de Ábalos ni de otros directivos del ministerio.
En otro documento, al que también tuvo acceso Europa Press, Ábalos reclama al Supremo la devolución de un disco duro externo que fue confiscado durante un registro el 20 de febrero de 2024 en casa de Koldo García.
La defensa argumenta que García recogió ese disco duro del despacho de Ábalos en el ministerio a solicitud del propio Ábalos tras su cese, y que desde entonces ha permanecido en la casa del exasesor esperando ser recuperado por su anterior jefe.
El escrito asegura que la Guardia Civil tiene localizado el dispositivo ya que en el informe sobre la situación patrimonial de Ábalos se incluyó una foto de su boda, que se encontraba almacenada en dicho disco duro.
La defensa enfatiza que ha transcurrido un período de un año y nueve meses desde la incautación del dispositivo, tiempo que consideran suficiente para realizar una copia forense fiel.
"Por lo tanto, pedimos su devolución, ya que es fundamental para llevar a cabo una defensa efectiva, permitiendo su análisis técnico correspondiente", concluye el escrito de la defensa.
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