En Madrid, el 3 de febrero, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado no asistir de manera presencial a la vista preliminar del juicio que investiga alegadas irregularidades en la adquisición de mascarillas. Al igual que su exasesor, Koldo García, Ábalos ha pedido poder seguir dicho proceso mediante videoconferencia desde la prisión donde se encuentra desde noviembre pasado.

Este requerimiento ha sido documentado en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press. En él, el abogado de Ábalos argumenta que los traslados desde la prisión "afectan tanto a su salud mental como física", resaltando la dificultad que enfrenta el reo en ese contexto.

El letrado, Marino Turiel, sostiene que el impacto que implica el transporte del acusado no puede justificarse, ya que no hay una necesidad urgente de su presencia presencial en la corte en este caso específico. El abogado subraya que los internos son transportados en vehículos blindados que priorizan la seguridad sobre la comodidad, y a menudo están confinados en espacios reducidos y con condiciones higiénicas cuestionables.

Turiel también menciona que el Defensor del Pueblo ha instado en ocasiones a revisar los protocolos de traslado para mejorar las condiciones de los reclusos y evitar viajes innecesarios.

Por su parte, la abogada de Koldo ha presentado un documento que expone que su cliente fue trasladado a la Audiencia Nacional el pasado 21 de enero sin las medidas adecuadas de retención en el transporte, lo que provocó "erosiones en ambas muñecas y lesiones dorsales" al no existir riesgos de fuga ni antecedentes de resistencia, lo que ella considera daños injustificados.

Tras la solicitud de Koldo, el Tribunal Supremo ha requerido a los servicios médicos del centro penitenciario un informe sobre su salud antes de decidir si se le permitirá asistir a la audiencia preliminar a través de videoconferencia.

Esta vista forma parte del marco establecido por la Ley de Eficiencia del Poder Judicial. Según el artículo 785, la audiencia preliminar debe contar con la presencia del acusado y su abogado, lo que implica que Ábalos, Koldo y Aldama deben estar presentes.

En esta fase, las partes involucradas podrán presentar lo que consideren necesario antes del inicio del juicio, incluyendo debates sobre temas como la posible conformidad por parte de los acusados, cuestiones relacionadas con la competencia del órgano judicial y cualquier vulneración de derechos fundamentales, así como la inclusión de pruebas y documentos adicionales.

El juez será responsable de examinar las pruebas presentadas, decidiendo sobre su admisión o rechazo de forma oral, salvo que la complejidad de los asuntos requiera un proceso por escrito.

Las demandas del Ministerio Público son severas, solicitando 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Asimismo, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, exigen una pena de 30 años para Ábalos y su exasesor, mientras que para el empresario se solicita igual pena que la Fiscalía.