Un reciente cambio legal promovido por el PNV ha causado revuelo en el ámbito político, especialmente tras su inclusión en una ley destinada a la Justicia. Esta modificación, que tiene como objetivo agilizar los desahucios en situaciones relacionadas con la 'okupación', se encuentra en el punto de mira de Podemos, que ha exigido su derogación antes de que se active en abril del próximo año.

MADRID, 3 de enero. La nueva normativa permitirá que los procedimientos para desahuciar a quienes ocupen ilegalmente viviendas se ejecuten con mayor rapidez, siempre y cuando en este periodo de tres meses no se apruebe una ley orgánica que revoque esta disposición, tal como ha demandado el partido morado al Gobierno de Pedro Sánchez.

El PNV, con la colaboración del PP y Junts, logró introducir este cambio durante una sesión plenaria en el Congreso, donde recibió el respaldo de Bildu y ERC, aunque estos últimos posteriormente se retractaron señalando que habían cometido un error al votar a favor. En contraste, tanto el PSOE como Sumar y Podemos se manifestaron en contra de esta modificación, mientras que Vox decidió abstenerse durante la votación.

Esta modificación se incorpora al proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y consiste en una alteración del artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La penalización de delitos de usurpación y allanamiento de morada se tramitará por vías rápidas, lo que promete acelerar el proceso judicial en los casos de ocupación y facilitar así la actuación de las autoridades en estas situaciones.

La Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, con una entrada en vigor programada para el 3 de abril. Esta fecha marca también el momento en que la aceleración de los desahucios podrá empezar a ser una realidad, siempre y cuando no se produzcan cambios legislativos previos que anulen este enfoque.

Sin embargo, para poder sostener la ley en su última votación, Podemos ha hecho hincapié en que el Gobierno se comprometió a anular esta modificación introducida por el PNV. Esto requeriría que el Ejecutivo presente una nueva ley orgánica que corrija el actual texto, algo que parece poco probable, dado que tanto el PNV como Junts, junto con el PP y Vox, no tienen intención de respaldar dicha iniciativa.

El PNV ha reaccionado con indignación ante las propuestas de derogación de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Aitor Esteban, representante del PNV, ha aclarado que su enmienda está enfocada exclusivamente en el desalojo de aquellos 'okupas' que ingresan de manera ilegal en propiedades ajenas, diferenciando claramente este asunto de la difícil situación que enfrentan muchas familias vulnerables que no pueden hacer frente al pago de alquiler.