• viernes 03 de febrero del 2023
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A enfrentamiento en el Congreso la ley del PNV para vincular políticamente al jefe del CNI con el presidente del Gobierno

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También busca remarcar el control judicial de las ocupaciones del CNI, tras la polémica por el 'caso Pegasus'

MADRID, 11 Dic.

El PNV va a llevar este martes al Pleno del Congreso su reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a fin de que formalmente sea el presidente del Gobierno y no un ministro quien escoja al directivo de los servicios de espionaje y que de este modo queden vinculados políticamente. También tienen dentro medidas para remarcar el control judicial de las ocupaciones de los servicios de espionaje.

La idea se registró el mes pasado de mayo al hilo de la polémica por el espionaje tanto a líderes independentistas como a integrantes del Gobierno con el software 'Pegasus', un tema que costó el puesto a la hasta el momento directiva del CNI Paz Esteban, quien fue reemplazada en el cargo por Esperanza Casteleiro, que venía ejercitando como asesora de Estado de Defensa.

El primer cambio de la ley que defenderá el PNV pasa por entablar que la iniciativa del ascenso del directivo del CNI no salga de un ministro, sino más bien del propio presidente del Gobierno, lo que acarrearía subir la compromiso política de los servicios de Inteligencia al centro mismo de la Moncloa con lo que pudiese suceder más adelante.

En cuanto al control parlamentario del CNI, que ejercita la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, el PNV ofrece que los miembros del congreso de los diputados logren ser informados de los medios usados por los servicios de espionaje. Hasta en este momento, no en la comisión de misterios se puede corroborar que el CNI disponga de 'Pegasus'.

Además, el PNV ofrece que el control judicial de las ocupaciones del CNI, que desde los escándalos de los años noventa se hizo cargo a un juez Supremo --solicitado de ofrecer autorización anterior por un tiempo máximo de tres meses, prorrogables--, se haga por tres jueces y que sus resoluciones se adopten unánimemente, habida cuenta de que no hay una segunda instancia.

También busca que los jueces sean informados de los medios que va a emplear el CNI para esas ocupaciones, ya que cree que tienen que apreciar el nivel de intromisión y la afectación a derechos escenciales en labras de utilizar el principio de proporcionalidad.

Por último, el PNV ofrece obligar al CNI a argumentar a posteriori el nivel de ejecución de las ocupaciones autorizadas, un control que dejaría comprender si se ha ceñido a la autorización anterior y que sería de utilidad en el momento de elegir sobre probables prórrogas.