Un total de 148 presos de la banda terrorista ETA cumplen condena actualmente, con la mayoría de ellos distribuidos en cárceles de Euskadi y Navarra, mientras que otros seis se encuentran en prisiones en Francia.
La progresión de 24 presos al tercer grado y la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a 20 reclusos en el último año han sido temas destacados en la rueda de prensa ofrecida en San Sebastián por los portavoces de Sare, Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe.
De los 148 presos de ETA, 142 están en cárceles en el País Vasco y Navarra, mientras que el resto se encuentra en Francia, según informaron los portavoces de Sare en la conferencia de prensa.
Entre los cambios de grado penitenciario propuestos en los últimos años, se destaca que el Gobierno Vasco ha aprobado la progresión al tercer grado en la mayoría de los casos, con algunas excepciones que han sido recurridas por el Ministerio Fiscal.
Las propuestas de progresión al tercer grado son realizadas por profesionales de las cárceles y ratificadas posteriormente por la Junta de Tratamiento de cada centro, lo que según Azkarraga no implica decisiones políticas, sino acciones basadas en criterios técnicos.
Sare ha expresado su opinión de que aún falta un largo camino por recorrer en cuanto a la normalización penitenciaria, criticando la falta de propuestas para presos mayores o con problemas de salud, a pesar de las progresiones al tercer grado realizadas de manera limitada en los últimos años.
En paralelo a las progresiones al tercer grado, se mencionó la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a una veintena de presos de ETA en el último año, permitiéndoles salir durante el día para realizar actividades como voluntariado, formación o trabajos remunerados.
Azkarraga destacó la importancia de avanzar hacia una política penitenciaria normalizada, criticando las leyes de excepción que aún persisten más de seis años después de la desaparición de ETA y abogando por un enfoque más humanista en la administración de justicia.
Por último, se mencionó el cambio en la Administración Penitenciaria vasca tras las últimas elecciones, confiando en que los nuevos responsables impulsen un modelo penitenciario integrador y basado en los derechos humanos, en colaboración con la sociedad vasca y organizaciones relacionadas con el mundo penitenciario.
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