• martes 07 de febrero del 2023
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2 vocales afean a Campo que compaginara su trabajo en la AN y en el TC antes que el CGPJ lo autorizase

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Piensan que su nuevo cargo de magistrado del TC es "incompatible" con rematar sus obligaciones en la AN

MADRID, 23 Ene.

Los 2 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que votaron en oposición a aceptar a Juan Carlos Campo que terminara el juicio del 'caso Defex' en la Audiencia Nacional (AN), tras transformarse en magistrado del Tribunal Constitucional (TC), han emitido un voto especial en el que arguyen que son 2 funcionalidades incompatibles, al paso que recriminan al ex- ministro de Justicia que continuara en la visión oral antes de recibir la autorización del CGPJ.

En su voto, al que tuvo ingreso Europa Press, los vocales José Antonio Ballestero y Nuria Díez Abad se desmarcan del acuerdo alcanzado el 12 de enero por la Comisión Permanente del CGPJ, con el que se dejó a Campo compaginar su novedosa tarea en el TC con la de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, así como había pedido el 31 de diciembre, para lograr terminar el juicio del 'caso Defex'.

En preciso, la Comisión Permanente le dio el 'placet' para "acabar las sesiones, deliberaciones y valoraciones que correspondan" a este juicio, que este lunes quedó visto para sentencia.

Se fundamentó para esto en el producto 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el que establece que "en el momento en que fuere movido o jubilado algún juez o magistrado deliberará, votará, redactará y firmará las sentencias, según proceda, en los litigios a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado, a menos que concurriera causa de incompatibilidad o proceda la anulación de aquella por otro fundamento".

Los vocales oponentes comentan que la Comisión Permanente aplicó dicho precepto por analogía pues, si bien la función de magistrado del TC "es incompatible" con la de magistrado de la AN, ya que la situación de Campo "no es la de servicio activo, sino más bien la de servicios particulares", como formaba una parte del tribunal que evalúa 'Defex' y la visión oral ahora había empezado, "esta causa de incompatibilidad forzaría a anular las sesiones ahora festejadas".

Por contra, Ballestero y Díaz Abad piensan que "la solución adoptada vulnera el estatuto de magistrado del TC, así como se define en el producto 19.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), según el que este cargo es incompatible con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad caracteristica de la carrera judicial o fiscal".

"Llama la atención que en la motivación del acuerdo adoptado no se lleve a cabo referencia a este producto. Tampoco el solicitante cita precepto jurídico alguno en acompañamiento de su intención", señalan.

Ponen el foco en que "las ocasiones contempladas en los convocados preceptos --jubilación o cambio de destino--", que dejarían exceptuar esa incompatibilidad, "no guardan identidad de razón alguna con aquellas otras que dan rincón a los servicios particulares".

"Son, simplemente inigualables, salvo, por servirnos de un ejemplo, que nos imaginemos al Defensor del Pueblo o al fiscal general del Estado festejando un juicio y dictando sentencia", ilustran.

Sostienen que "no son equiparables por el hecho de que el ejercicio del cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, por su importancia en el sistema institucional, viene acompañado de un riguroso régimen de incompatibilidades, no coincidente con el de jueces y jueces".

Además, Ballestero y Díaz Abad dejan perseverancia de que el 11 de enero, "antes de conseguir la preceptiva autorización", Campo "ahora participó en una sesión del citado juicio oral".

Por otro lado, los vocales Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya han emitido un voto concurrente, al que asimismo tuvo ingreso Europa Press, por el hecho de que, si bien están en concordancia en ofrecer a Campo esta pequeña prórroga, piensan que "la fundamentación jurídica del acuerdo es incompleta".

Así, comprenden que debería haberse reparado en el "hecho conocido" de que en el momento en que la Comisión Permanente dio luz verde a Campo, "estando ahora en situación de servicios destacables", había participado en "cuando menos tres sesiones de juicio", las del diez,11 y 12 de enero.

A este respecto, los 2 vocales ponen de relieve que "se realizaron múltiples sesiones del plenario sin haber aguardado la resolución de este órgano constitucional sobre la petición interesada por Campo el 31 de diciembre". "Asimismo significarse su predisposición a terminar el juicio oral", agregan.

No obstante, avisan "los perjuicios que se derivarían para el avance del referido juicio oral, si no se accediese a la referida solicitud, causándose un estropicio procedimental y, probablemente, material".

Asimismo, señalan que, "de conformidad con la reiterada doctrina del TC", debe aplicarse el producto 256 de la LOPJ "en garantía del derecho primordial al juez por defecto por la ley, que concierne no solo al órgano, sino más bien asimismo a la persona o persona de los jueces y jueces llamados a saber" la situacion.

"Una resolución de gobierno de adentro que pudiese saber el cambio de personal en la conformación de la Sala, sin ajuste a un método legal claro, comprometería abiertamente aquel derecho primordial", aseguran.